Tyson Fury y Oleksandr Usyk, dos destacados boxeadores del Reino Unido y Ucrania respectivamente, habrían dejado de ganar millones debido a la retransmisión ilegal de su reciente combate. El evento, que tuvo lugar el pasado sábado en Riad (Arabia Saudí), se vio empañado por 20 millones de visionados ilegales en todo el mundo, lo que supuso una importante pérdida de ingresos estimada en 120 millones de dólares.
Según Yield Sec, una empresa de inteligencia en línea citada por The Daily Mail, más de 2.000 streams ilegales retransmitieron el combate en todo el mundo. En términos de desglose regional, alrededor de 4 millones de visionados ilegales procedieron únicamente del Reino Unido.
Europa representó el 45% de estas retransmisiones no autorizadas, seguida de Norteamérica, con el 25%, y Asia, con el 16%. Las emisoras oficiales como Sky Sports Box Office, TNT Sports Box Office y DAZN PPV en el Reino Unido sufrieron considerables reveses financieros debido a este acceso no autorizado generalizado.
El combate de boxeo en sí tuvo implicaciones significativas. Oleksandr Usyk ganó por decisión dividida, lo que supuso la primera derrota de Tyson Fury en su carrera profesional. En una rueda de prensa posterior al combate, Fury expresó su incertidumbre acerca de continuar su carrera boxística tras este revés.
Sin embargo, los planes para la revancha ya están en marcha. El promotor Frank Warren mencionó que ambos púgiles han firmado contratos para otro combate programado provisionalmente en octubre en Oriente Próximo: "Está de vuelta aquí, recuperándose, y su estado de ánimo es que quiere la revancha y ya está firmada, así que sucederá".
Este incidente pone de relieve no sólo los problemas a los que se enfrentan los atletas debido a la piratería, sino que también refleja cuestiones más amplias dentro de la gestión de contenidos digitales y la aplicación de los derechos a escala mundial. A medida que avanza la tecnología, la lucha contra el streaming ilegal sigue siendo una preocupación fundamental para los creadores y distribuidores de contenidos que pretenden proteger los ingresos y los derechos de propiedad intelectual.
